En países de ingresos bajos y medios, cada año, se producen 134 millones de eventos adversos debido a una atención poco segura en los hospitales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), eso se traduce en 2,6 millones de muertes evitables. La República Argentina no esta exenta de dicho problema de salud pública, y es por eso que busca mejorar la seguridad del paciente. Una de las iniciativas planteadas es un proyecto de ley presentado hace unas semanas en el Congreso de la Nación. Se lo conoce también como Ley Nicolás y se espera que sea discutido antes de fin de año.

¿Cuál es el sentido de la Ley Nicolás?

Nicolás Deanna era un joven de 24 años de edad, oriundo de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Falleció en 2017 y en este desenlace se ha imputado mala praxis médica. El triste hecho llevo a su madre, Gabriela Covelli, a fundar una organización no gubernamental y a ser una de las principales impulsoras del proyecto de ley. La propuesta considera que la mayoría de los eventos adversos que sufren los pacientes son resultado de un deficiente funcionamiento sistémico, y no siempre producto de la responsabilidad particular de un profesional.

Esa visión se enmarca dentro de lo que viene pregonando la Organización Mundial de la Salud (OMS). La entidad asume que errar es humano y que esperar siempre un rendimiento impecable, en entornos tan complejos como los sanitarios, no resulta siempre del todo realista. Considera entonces poco conveniente dejar librada la seguridad del paciente solo a la perfección individual del profesional. Según esta visión, el evento adverso es una sucesión de múltiples errores activos que se encadenan en las instituciones de salud. Es por eso que ve necesario centrar la seguridad del paciente en el correcto funcionamiento de los distintos prestadores de salud. Asegura que de ese modo es factible corregir errores y lograr lo que ha dado en llamarse cultura de la seguridad.

Pero de ningún modo esa filosofía deja de lado el castigo ante la negligencia profesional. “Al hablar de cultura de seguridad, hablamos de un marco de cultura justa, abierta, dispuesta a revelar y discutir las fallas y los errores, no punitiva ante el error, pero sí ante un acto inequívocamente temerario. Debe quedar muy clara la diferencia”, se lee en los fundamentos del proyecto de ley.

Fomentar la cultura de la seguridad del paciente

La Ley Nicolás busca generar incentivos para dar con mejores garantías para pacientes y profesionales. Su alcance es vasto y regula la formación y carrera profesional, la incorporación de tecnología al ámbito sanitario, así como la implementación de programas de gestión del riesgo, entre otros.

El fin último de la ley es promover la cultura de seguridad en las instituciones sanitarias de Argentina. Dicha cultura ha sido definida como “el producto de valores, actitudes, competencias y patrones de conducta individuales y grupales que determinan el compromiso con la adecuada ejecución de los programas de seguridad de la organización”.

Los promotores de la ley consideran prioritario el impulso de políticas y acciones que minimicen, o directamente eliminen, todas las fuentes de riesgo y daño a las que se enfrentan los pacientes durante la asistencia sanitaria. “Para llegar a ese objetivo el único camino es la educación de todos los agentes responsables del cuidado de los pacientes, unas reglas claras, la inversión en contextos laborales calificados y reportes adecuados para el aprendizaje en base a la evidencia”, comentan.

¿En qué aspectos de la formación y el ejercicio profesional intenta impactar la ley?

En el ámbito sanitario las tareas asistenciales demandan profesionales formados y en actualización continua. Pero según comentan los impulsores del proyecto, la educación continua no es obligatoria, no se encuentra adecuadamente estructurada y mucho menos controlada en Argentina. “El ejercicio de la medicina y otras profesiones asociadas a la salud constituyen praxis calificadas en base a conocimiento científico, y la certificación y calificación de su ejercicio no puede dejarse librada a la autorregulación”, aseguran.

El proyecto busca entonces impulsar la obligatoriedad de la recertificación para ejercer una especialidad o disciplina. Propone que las autoridades competentes implementen un sistema para revalidar las certificaciones cada 10 años, a excepción de aquellas especialidades y disciplinas que ya disponen de certificación por períodos menores. Eso se acompaña, además, de la necesidad de corroborar periódicamente las condiciones físicas y el estado cognitivo y conductual de los profesionales de la salud.

Otros aspectos regulados por la ley son: la historia clínica electrónica, la cantidad necesaria de personal para afrontar las tareas, la duración de los turnos de trabajo, la adquisición de cargos sanitarios por concurso, o la adecuada habilitación de aquellos que realizan su práctica de manera individual. También el proyecto fomenta el reconocimiento de las consecuencias emocionales que tiene el error en la psiquis del profesional a cargo. Busca de ese modo que no existan segundas víctimas en estos procesos traumáticos.

“Primero no dañar” es un aforismo popular. Supuestamente, lo sostenía Hipócrates. Pero los errores profesionales en la asistencia de la salud lamentablemente suceden y generan daño. La Ley Nicolás busca minimizarlos o, si se puede, directamente eliminarlos.